Amigos de la Tierra España: La democracia en grave peligro por el Tratado del Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos
19 diciembre, 2013
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19 diciembre, 2013
Amigos de la Tierra alerta de que los inversores podrían tener más poder que gobiernos e instituciones democráticamente elegidos
Las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos avanzan de nuevo esta semana en Washington DC. Como viene siendo habitual desde el inicio de las conversaciones en julio de 2013, la reunión se celebrará en el más absoluto secretismo, con una falta de transparencia sobre los textos negociados y la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo las empresas, cuentan con cerca de 600 representantes nombrados como “asesores” por Estados Unidos.
Según los esquemas habituales de los tratados de libre comercio acordados entre diversos países y partes del mundo, y los documentos a los que ha podido tener acceso Amigos de la Tierra, el Tratado EEUU-UE, que representaría el mayor acuerdo comercial bilateral en la historia, plantea una seria amenaza para la protección del medio ambiente y la salud humana. Existen ya importantes intercambios comerciales entre EEUU y la Unión Europea, pero la intención es ir más allá, eliminando las supuestas “barreras al comercio” derivadas de la legislación de protección de las personas y del medio ambiente.
Uno de los aspectos más preocupantes es la inclusión de un mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados [1]. Este tipo de mecanismos, ya vigente en muchos tratados de libre comercio, dan el poder a empresas e inversores extranjeros para denunciar a un estado y pedir compensaciones millonarias por supuestas pérdidas de beneficios si consideran que su negocio está amenazado por cambios legislativos o decisiones de las autoridades públicas. Las denuncias se resuelven en secreto y por tribunales de arbitraje que escapan a cualquier control, pasando por alto los sistemas judiciales estatales. Además es profundamente injusto ya que sólo los inversores pueden denunciar y reclamar compensación a los estados, en cambio ni los gobiernos, ni las personas o comunidades afectadas por las operaciones de una empresa lo pueden hacer.
Existen ya numerosos ejemplos donde las empresas utilizan los mecanismos de solución de controversias para beneficiarse económicamente o aprovecharse de condiciones preferentes para operar [2]. El caso de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation contra Ecuador es determinante para entender el alcance de este tratado.
El país latinoamericano puso fin al contrato de una concesión de extracción de petróleo con Occidental. La empresa había vendido el 40% de sus derechos de producción a otra compañía sin cumplir la obligación de contar con el consenso del Gobierno, tal y como lo estipulaba el contrato. Al conocer la decisión del Gobierno ecuatoriano, la empresa acudió al mecanismo inversores-estados del Tratado Bilateral de Inversión EEUU-Ecuador, lo que dio lugar a la mayor compensación jamás concedida a un inversor: 1.770 millones de dólares.
Los casos existentes demuestran claramente que los mecanismos de solución de controversias inversores-estados entran en plena contradicción con la protección de los ciudadanos y el medio ambiente. La aplicación del principio de quién contamina paga, el respeto a los sistemas judiciales establecidos a nivel estatal y europeo y la transparencia en la resolución de conflictos quedarían en un segundo plano. En definitiva, un claro atentado a la soberanía de los estados.
De hecho, tanto el Gobierno Español como la Comisión Europea acaban de rechazar provisiones de estas características en el caso de Eurovegas. El promotor pedía blindar sus inversiones y tener derecho a indemnización ante posibles cambios legislativos. Exactamente lo que podría ocurrir con cualquier inversión de aprobarse un mecanismo de solución de controversias bajo el Tratado de Libre Comercio.
“Si el gobierno español y la Comisión Europea han visto claramente que no era asumible en el caso de Eurovegas, lo tienen que rechazar también en el Tratado de libre Comercio. De lo contrario, el acuerdo podría dar un golpe muy duro a la democracia a ambos lados del Atlántico” ha remarcado Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.
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Notas:
[1] Mecanismos de solución de controversias inversores-estados, Amigos de la Tierra, noviembre 2013: http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/mecanismos_solucion_controversias.pdf
[2] Otros casos de demandas interpuestas por empresas a estados:
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